Noticia relacionada con los menores

MENORES AL AÑO PODRÁN REDIMIR SUS PEQUEÑOS DELITOS EN CENTROS MUNICIPALES

En la jurisdicción de Menores, los asuntos se llaman expedientes y las penas medidas. Es el
fiscal, y no el juez, quien instruye e investiga los hechos y se puede llegar a un acuerdo entre el
ofensor y la víctima que evita el juicio, siempre que aquel asuma los hechos, pida perdón y el
perjudicado acepte el pacto. Esta fase de reparación del daño entraña una clara intención
educativa, mejor entendida y más provechosa cuanto más cercana a la infracción se
produzca.
Y es en esta última etapa del proceso en la que entra el Ayuntamiento de Burgos, a través del
convenio firmado ayer por el alcalde, Javier Lacalle, con la Fiscalía de Menores. Gracias a él,
entre 50 y 60 jóvenes al año podrán redimir faltas o pequeños delitos cometidos sin violencia o
intimidación grave, en centros y servicios municipales. En la actualidad ya se mantiene una
colaboración, pero lo que se pretende es agilizar el tiempo en que el adolescente tarda en
acceder al servicio, de los 6 meses actuales a uno o dos.
Fundamentalmente, se refieren a hurtos, pintadas u otro tipo de daños y robos con fuerza. Sus
protagonistas tendrán que ser no habituales de la Fiscalía y su destino estará en centros
cívicos, bibliotecas, el Espacio Joven y el Hangar, etc. «No se trata de duplicar los servicios de
los funcionarios y del personal laboral», aclaró Lacalle, sino de realizar acciones concretas o
tareas complementarias. El Ayuntamiento podrá el seguro y el material y equipamiento
necesarios, además de realizar un seguimiento directo de las tareas.
Según el fiscal de Menores José Fernández, un 30% del trabajo anual «cumple el perfil»
requerido para beneficiarse del convenio. El tiempo de prestación de los servicios depende de
la persona y de la falta o delito cometido. «Los hay que en solo 3 semanas o 1 mes han
cumplido y otros que necesitan una actuación más prolongada. Depende de los chicos»,
apostilló.
Tanto el alcalde como el fiscal jefe de Castilla y León, Manuel Martín-Granizo, alabaron el
trabajo del área de Servicios Sociales, con la concejala Ana Lopidana al frente; y de la plantilla
del Ministerio Público en Burgos, ayer representada por Purificación Sobrino; que han logrado
un convenio pionero en Castilla y León. Con un año de duración, aunque prorrogable, se
empezará a aplicar en cuanto se constituya la Comisión Técnica de Seguimiento.

Doce centros de enfermos mentales inician el cierre por quiebra ante los impagos

20.01.12 - 01:09  B. LL. | VALENCIA.

La situación es «crítica» y ya no pueden soportar la deuda de más de 13 millones de euros que acumulan. Una docena de centros que atienden a enfermos mentales y discapacitados han solicitado un proceso de cierre debido a la quiebra técnica provocada por los impagos del Consell.

Ayer, la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat (Aerte) presentó una petición oficial para que la Administración le informe de los protocolos que se deben seguir en caso de cierre de estos centros.

La gerente de la patronal, María José Mira, presentó la solicitud tras varias comunicaciones directas y reuniones con los representantes de la Conselleria «ante el estancamiento de la situación y la ausencia de un calendario de pagos y el abono de la deuda mantenida por con el sector». En total, Aerte estima que una docena de centros que atienden a 1.300 personas en situación de dependencia ya no pueden mantenerse en activo. Arrastran partidas sin abonar desde 2007.

Esta situación, además de la pérdida de unos recursos «esenciales» para garantizar el bienestar de colectivos desfavorecidos, afectaría también a cerca de 700 trabajadores directos y unos 400 indirectos en la Comunitat Valenciana, según las estimaciones de la patronal.

Las mismas fuentes recordaron que en la geografía valenciana existen 19 centros socio-sanitarios de atención a personas en situación de dependencia vinculados a la red de la patronal en los que se atiende a discapacitados y enfermos mentales. De ellos, 13 están directamente afectados por la deuda del Consell, (ocho de ellos en la provincia de Valencia , cuatro en la de Alicante, y uno en la de Castellón).

La gerente de Aerte destacó que el principal problema sin resolver, y de ahí la solicitud del protocolo de cierre a la Conselleria, «son los alrededor de 800 enfermos mentales y discapacitados tutelados por la Generalitat».

La deuda contraído por la Administración con estos centros asciende a 13 millones. Pero los impagos de la Generalitat «se han extendido a otros colectivos vinculados al sector socio-sanitario», por lo que afecta ya a 25.000 familias, 13.000 profesionales directos, 6.000 empleados indirectos y 188 empresas

Aparece muerto en un cajero de San Agustín otro indigente de 50 años

Enrique Faulín Díez nació en Palencia, aunque llevaba muchos años en Burgos y tenía su salud muy deteriorada por la calle y el alcohol

La calle se ha cobrado su segunda víctima en una semana. Enrique Faulín Díez, de 50 años, fue encontrado ayer sin vida en el interior de un cajero automático de la calle Madrid, justo enfrente de la plaza de San Agustín, en el que solía pernoctar de vez en cuando. La indigencia, el frío y el grave deterioro de su salud física como consecuencia también de un cuadro de adicción al alcohol fueron un cóctel letal para la víctima. Un caso muy similar al de Adelardo Carazo Andrés, nacido en Santo Domingo de Silos hace 47 años, que pereció durante la madrugada del martes pasado mientras dormía en un banco del Espoloncillo.
El Servicio de Emergencias 112 Castilla y León recibió el aviso a las 8 y 10 minutos de la mañana ayer, antes de que la oficina del BBVA abriese al público. Aunque Sacyl movilizó a una UVI móvil, su equipo médico solo pudo confirmar el fallecimiento de este hombre, que recaló en Burgos hace muchos años procedente de su Palencia natal. Funeraria San José  levantó poco antes de las 10 de la mañana el cadáver, que fue conducido al Instituto de Medicina Legal para la autopsia.
Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía precintaron el acceso al cajero, al hallar restos de sangre y orín en el suelo. La víctima presentaba un golpe en la cabeza, aunque todo apunta a que se lo produjo en una caída bien accidental o bien como consecuencia de algún problema físico. La autopsia descartó otro tipo de lesiones. En este caso, la Brigada de Policía Judicial Comisaría contó con la ayuda extra de las grabaciones de seguridad de la entidad bancaria, lo que facilitó el esclarecimiento del suceso. Su familia se hizo cargo de los trámites del entierro, que se celebra hoy en Burgos.
Al igual que Adelardo Carazo, Enrique había sido atendido durante los últimos años por los diversos servicios sociales de la ciudad, así como por la Casa de Acogida San Vicente de Paúl y por Cáritas, donde acudió en numerosas ocasiones y donde le acompañaron en muchas otras, especialmente en los periodos de hospitalización. Según las fuentes consultadas por este periódico, estuvo a punto de superar su situación de ‘sinhogar’ pero recayó.
Desde Cáritas Burgos piden a la sociedad una reflexión conjunta  «para que estas personas no acaben en la calle y mueran en soledad y abandono» y que la colaboración ciudadana se canalice «a través de los recursos ya existentes», puesto que «la ayuda puntual que a veces se les dispensa con la mejor intención supone, la mayoría de las veces, una prolongación y permanencia de las situaciones que le llevan a la exclusión», afirma la organización en su web. «Que en 2012 aumente el compromiso de las instituciones y el nuestro en el ejercicio de la caridad con los más necesitados», termina el comunicado.

DIA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE

Cospedal cierra los centros de atención a las mujeres

Centenares de víctimas se verán afectadas por los recortes

P. DÍAZ / A. REQUENA MADRID 16/12/2011 08:00 Actualizado: 16/12/2011 09:08

 

Acto contra la violencia de género, el pasado 25 de noviembre, en la Puerta del Sol de Madrid. Reyes Sedano

La política de recortes sociales anunciada por el Gobierno de María Dolores de Cospedal (PP) en Castilla-La Mancha ha llegado también a la atención a las víctimas de violencia de género. Así, un total de 85 centros de información, sensibilización y atención a la mujer y 13 casas de acogida para mujeres maltratadas cerrarán sus puertas a partir del próximo 1 de enero, según alertó ayer la directora del Insituto de la Mujer, Teresa Blat, en una jornada sobre violencia económica organizada por la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres.
Otros servicios de urgencias especializados también se verán afectados por el tijeretazo y cerca de 500 trabajadores pueden empezar el 2012 engrosando las listas del paro.

"Ni siquiera nos han dado alternativas", lamenta una trabajadora

Los recortes presupuestarios han supuesto una reducción de 9,8 millones de euros en la partida destinada al Instituto de la Mujer de la comunidad. La directora de este organismo, Teresa Novillo, remitió el pasado martes una carta a los centros afectados en la que les informaba de esta medida. "Dada la coyuntura económica que hemos heredado y en la que actualmente nos encontramos, y que necesariamente nos obliga a racionalizar la financiación que desde el Instituto de la Mujer se realiza para el mantenimiento de estos recursos [...] el actual convenio de colaboración no va a ser prorrogado desde este instituto", reza el documento.
Y esa fue la única explicación que recibieron. "Nos han notificado que nuestro contrato finaliza el 31 de este mes. A partir del 1 de enero se dejará sin recursos a una población vulnerable, especialmente a las mujeres que viven en el ámbito rural y no tienen posibilidad de desplazarse a otros lugares para recibir ayuda", denunció ayer Yolanda Amores, trabajadora del Centro de la Mujer Mancomunidad de la Mancha (Ciudad Real).
Ella es psicóloga y atiende, junto a otros tres compañeros, a más de 350 mujeres de siete municipios de la provincia. "¿A dónde las derivamos? ¿Quién va a hacer el seguimiento de las mujeres que utilizan la teleasistencia? Ni siquiera nos han dado una alternativa", protestó.

"El servicio se va a mantener", asegura el Gobierno autonómico

"Estamos ante una situación dura e injusta, que supone un ataque a los derechos de las mujeres", denunció también Teresa Blat, quien especificó que sólo en las casas de acogida se alojan unas 96 mujeres. Muchas, además, tienen a sus hijos con ellas.
"¿Qué hacemos con ellas, las echamos a la calle?", se preguntó María [nombre ficticio], miembro de una asociación de atención a víctimas de violencia de género de Albacete. Ellas llevan ya tiempo sin recibir subvenciones y han tenido que abandonar el local en el que trabajaban. "Nuestro trabajo de diez años está desapareciendo en meses", lamentó María. "El PP culpa al Gobierno anterior de [José María] Barreda (PSOE), pero ellos tampoco han pensado soluciones que no perjudiquen a la mujer", sentenció.

Ambigüedad

Desde el Instituto de la Mujer regional, en cambio, aseguran que "se buscarán nuevos mecanismos para el mantenimiento del servicio" como la elaboración de un nuevo instrumento jurídico que "permita seguir prestando a todas las mujeres de Castilla-La Mancha un servicio de máxima calidad". "Para el Gobierno regional sigue siendo prioritario continuar trabajando por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y por la erradicación de la violencia de género", concluyen en la carta.
Por su parte, el portavoz del Gobierno de Castilla-La-Mancha, Leandro Esteban, también justificó ayer la decisión de suprimir los convenios con los centros, informa Efe. "La atención a las víctimas no sólo se va a mantener, sino que se va a mejorar y con bastante menos dinero público", declaró.
"Ese anuncio es algo muy ambigüo", apostilló Amores, psicóloga del centro de Ciudad Real. "Además, hemos pedido explicaciones al Gobierno y aún no hemos obtenido respuesta", concluyó.

Amnistía Internacional celebra su 50 aniversario con un maratón de firmas en más de 50 ciudades españolas

EUROPA PRESS | Madrid
Amnistía Internacional ha celebrado su 50 aniversario con un maratón de firmas en más de 50 ciudades de España que llevarán a las autoridades de Siria, Turquía y Corea del Norte para alertar sobre el aumento de los ataques generalizados contra la libertad de expresión.
“La libertad de expresión va en retroceso paradójicamente en un mundo donde Internet y las redes sociales están a la orden del día en 89 países se restringe este derecho”, ha señalado el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán.

La organización ha celebrado su medio siglo de vida con un maratón de firmas en más de 50 ciudades de España y 40 países en el mundo.

Día Internacional de los Derechos Humanos
Amnistía Internacional ha alertado sobre el aumento de los ataques generalizados contra la libertad de expresión en todo el mundo. “Cuando la libertad de expresión se resiente, el resto de los derechos humanos están en peligro”, ha señalado el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán.
Según esta asociación, miles de activistas, periodistas, manifestantes pacíficos, sindicalistas o miembros de minorías religiosas o étnicas siguen siendo perseguidos, amenazados, encarcelados, torturados o asesinados “por el mero hecho de disentir”.
Según sus datos, en 2010 se produjeron ataques contra la libertad de expresión en al menos 89 países. En este sentido, han recordado además que en algunos lugares del mundo esta represión ha aumentado de manera brutal en la calle, como en las revueltas de la ‘primavera árabe’.
A su entender, la ola de cambio vivida durante 2011 en varios países del Norte de África y de Oriente Próximo ha dado lugar a que los gobiernos hayan intentado limitar el derecho a la libertad de expresión.
Además, ha denunciado que en Corea del Norte, 50.000 hombres, mujeres y menores de edad están encarcelados actualmente en el campo penitenciario para presos políticos de la prisión de Yodok sin haber sido sometidos a juicio o tras procesos sumamente injustos, y son torturados y obligados a trabajar en condiciones peligrosas.
Por su parte, el activista turco Halil Savda, se expone al “continuo riesgo” de ser encarcelado por expresar su apoyo a los objetores de conciencia en un país donde el servicio militar sigue siendo obligatorio.
Asimismo, en Siria, AI ha recordado que la defensora de los derechos de la mujer Hanadi Zahlout fue encarcelada en agosto pasado por delitos de incitación a participar en protestas. Según la propia asociación, Hanadi podría haber sido liberada en estos últimos días.
Los internautas podrán participar en este maratón a través de ‘www.actuaconamnistia.org’. Además, Amnistía Internacional ha creado tres perfiles en Facebook con información sobre estos casos y abiertos a la participación de los internautas.

DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS