Los menores que delincan junto a adultos serán juzgados con ellos

El ministro de Justicia alude a casos como el de Marta del Castillo con el joven apodado «El Cuco» que fue juzgado aparte por encubrimiento. «No supondrá merma alguna» de los derechos del menor, asegura Ruiz-Gallardón

El ministro de Justicia ha llegado al Congreso cargado de anuncios: reformará la Ley del Menor, impondrá tasas judiciales de segunda instancia y reformará la Ley del Aborto

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anticipado este miércoles en su comparecencia en la Cámara Baja que su departamento impulsará una reforma de la Ley del Menor para que, en los casos de delito grave en los que haya implicados adultos y menores, todos sean investigados y enjuiciados conjuntamente, si bien a estos últimos se les seguirá aplicando la legislación prevista para ellos.

Así lo ha anunciado en la Comisión de Justicia el titular del ramo, que ha asegurado también que la reforma no supondrá "merma alguna" de los derechos del menor. La reforma afectaría a casos como el de Marta del Castillo, en el que el menor apodado "El Cuco" fue juzgado individualmente y condenado por encubrimiento, o los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, en los que había también un menor implicado, conocido como "El Gitanillo", condenado a 6 años de internamiento en régimen cerrado y 5 años más de libertad vigilada.

Pena de prisión permanente revisable

En su comparecencia, Gallardón ha anunciado también que el Gobierno estudiará la posible instauración de la pena de prisión permanente revisable, en la línea de la que existe en otros países europeos, que sería una pena excepcional para supuestos muy restringidos y que hubieran causado una gran alarma social

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Burgos y la Fiscalía firman un convenio pionero para la penas de menores

Un convenio pionero en Castilla y León, firmado entre la Fiscalía de Burgos y el Ayuntamiento de la ciudad, permitirá que los menores condenados por faltas o delitos menos graves puedan cumplir su condena realizando algún trabajo en servicios municipales.
Tras la firma, el fiscal superior de Castilla y León, Manuel Martín Granizo, ha explicado que, aunque hay colaboraciones con varias instituciones de la comunidad para prestar estos servicios, el convenio es pionero y permitirá agilizar estos cumplimientos.
Uno de los fiscales de menores de Burgos, José Fernández Mérida, ha explicado que hasta ahora se tardaba hasta medio año desde que el menor era condenado hasta que iniciaba la prestación, mientras que a partir de la firma de este acuerdo el plazo se reducirá a prácticamente un mes después de la sentencia.
Una comisión de seguimiento, formada por miembros de la Fiscalía y del Ayuntamiento, se encargará de asignar las prestaciones en cada caso y de realizar el seguimiento oportuno para asegurar su cumplimiento.
El alcalde, Javier Lacalle, ha insistido en que estos menores realizarán siempre tareas complementarias en los servicios de Cultura, Juventud y Acción Social y no sustituirán a ningún trabajador municipal porque se limitarán a realizar tareas complementarias.
La fiscal jefe en funciones de Burgos, Purificación Sobrino, ha explicado que este tipo de pena sustitutiva de otras condenas se reserva a menores que hayan cometido faltas o delitos menos graves y que no tengan antecedentes ni hayan cometido acciones violentas contra personas.
El fiscal de menores ha aclarado que habrá unos 50 menores que podrán acogerse al convenio y prestar servicios sustitutivos para el Ayuntamiento y ha recordado que este tipo de penas sustitutivas se ha aplicado en los últimos años sobre todo en casos de hurto, robos sin violencia para las personas y pintadas en bienes privados o públicos.
El Fiscal Superior de la comunidad ha comparado el procedimiento que se sigue en el caso de menores con el que se pretende, a partir de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para todos los procedimientos penales.
Ha explicado que igual que se pretende con la reforma procesal, en los casos de menores es el fiscal el que instruye y el que puede decidir el archivo de un caso por falta de pruebas suficientes o por un acuerdo por un sistema similar a la mediación penal.

113 familias están a la espera de una adopción internacional

El plazo supera ya los 5 años y «crecerá» todavía más a causa de la avalancha de solicitudes de 2007 y del descenso de las asignaciones

Lun, 16/01/2012

L. B. / Burgos

113 familias burgalesas miran con esperanza el calendario cada día. El tiempo pasa y se acerca el momento, ese que han soñado durante demasiadas noches, en el que al fin verán el rostro de su hija o su hijo. Probablemente tendrá los ojos rasgados y esa escena, ese primer encuentro, se producirá en China.
Y es que, según los datos facilitados por la Gerencia de Servicios Sociales el grueso de las solicitudes de adopción internacional se dirigen al gigante asiático. Con todo, cada vez son menos. La demora supera ya los cinco años. Y subiendo. «Llegaremos a ocho», auguran algunos. Este plazo disuade a muchos interesados y las estadísticas lo demuestran. En 2011, 28 familias de la provincia presentaron formalmente su petición y 23 en 2010. Lejos quedan las cifras registradas en 2004, 2005 y 2006, todas superiores a 80.
«A finales de 2006 comenzaron a cobrar fuerza los rumores de que China iba a endurecer los requisitos y eso derivó en una avalancha de solicitudes. Todos los que estábamos pensando en repetir nos lanzamos, por si acaso, y también otros muchos que se animaban por primera vez, empujados por las buenas experiencias de los que teníamos ya a nuestros hijos», explica Alejandra Berrocal, presidenta de la delegación burgalesa de la Asociación Nacional en Defensa del Niño (Andeni).
El tapón generado se estrecharía después con la caída del ritmo de asignaciones que el Gobierno chino achaca a un «afortunado» descenso de menores abandonados, gracias al desarrollo económico que el país ha experimentado en los últimos años y al impulso de la adopción nacional.
No obstante, y aunque poco a poco, la lista avanza. Pero la espera «suele desesperar» sobre todo a los 'primerizos' pendientes de resolución. Por esa razón apenas quedan casos así en Andeni. «Antes de que el plazo comenzara a crecer se apuntaron unas cuantas familias pero poco a poco se distanciaron. Es duro ver como otros ya disfrutan de algo que no sabes cuando te va a llegar a ti», indica Alejandra.
Otro de los problemas que desde la agrupación local atisban en relación con la demora, más allá del desgaste emocional que supone para los futuros padres, es  que «en cinco años las circunstancias personales pueden cambiar mucho y más ahora en tiempos de incertidumbre económica».
«Y también está el tema de la edad, que es importante», añade Mariluz, integrante de Andeni y, como Alejandra, madre adoptante en espera de ampliar la familia.
El proceso de adopción comienza con una petición de información de los futuros padres en la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Burgos. De cumplir los requisitos exigidos deben presentar la solicitud y realizar un curso de formación obligatoria. Es entonces cuando comienza el proceso de valoración. En Burgos además de los 113 casos que ya cuentan con la idoneidad, hay otros 128 expedientes en trámite.
Las familias burgalesas en espera de una adopción internacional, según los datos del 31 de diciembre de 2011, suponen el 12% del total en Castilla y León, que supera las 900. En la región casi la mitad de los expedientes se tramitan con China. Completan el listado de países más demandados Filipinas, Rusia, Colombia, Vietnam y Etiopía.

NUEVO TELEFÓNO DE AYUDA PSICOLÓGICA, SOCIAL Y JURÍDICA

Los menores de Castilla y León disponen ya del nuevo teléfono

116111 de ayuda psicológica, social y jurídica a la infancia

La Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León y la Fundación ANAR -Ayuda a

Niños y Adolescentes en Riesgo- presentan la nueva línea de Ayuda a la Infancia, única a

nivel europeo, como un instrumento para atender y responder a las necesidades de

niños y adolescentes. El número está operativo las 24 horas del día de forma gratuita y confidencial en 19 países de la Unión Europea. De esta forma, todos los niños desde

cualquier lugar de Europa podrán encontrar esa atención, estén en el país que estén, con sólo marcar ese número.

El gerente de Servicios Sociales de Castilla y León, Jesús Fuertes, ha presentado hoy de forma oficial la

línea 116111 de Ayuda a la Infancia, con el objetivo de que los niños y adolescentes de Castilla y León

dispongan de un "espacio seguro, gratuito, confidencial y durante las 24 horas del día" en el que

expresar libremente sus preocupaciones y se sientan escuchados y respetados.

Se trata de un número de teléfono común para los países europeos, al que se ha llegado tras varios años

de trabajo ininterrumpido. Así, los niños y adolescentes de 19 países de la Unión Europea disponen ya

de un número de teléfono corto y de fácil memorización para hablar de sus problemas, manifestar sus

temores y para ponerse en contacto con alguien que responda a sus urgencias pero, sobre todo, para

encontrar respuestas rápidas y eficaces a sus inquietudes.

Esta actuación, que la Junta ha puesto en funcionamiento siguiendo las directrices de la Estrategia de la

Unión Europea sobre los derechos de la infancia, se enmarca dentro de las medidas desarrolladas por la

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para salvaguardar los derechos de los niños y

prevenir situaciones de riesgo, consciente de la necesidad de que exista un instrumento de ayuda eficaz

y rápida para dar respuesta a los problemas de la infancia.

La gestión de este número de teléfono común corre a cargo en Castilla y León de la Fundación ANAR -

Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo-, una organización sin ánimo de libro cuyos orígenes se

remontan a 1970 y que lleva colaborando con la Gerencia de Servicios Sociales desde 1998. Otras once

autonomías han elegido también a esta Fundación por su amplia trayectoria y experiencia en la gestión

del teléfono 900 202 010 en la ayuda a los menores.

De enero a septiembre de este año, los profesionales que atienden este teléfono han recibido un total

de 28.248 llamadas, de las que 28.063 procedían de menores, frente a las 185 realizadas por adultos.

Los niños o adolescentes marcaban el teléfono en el 26% de los casos por problemas sentimentales; en

un 19,5% por cuestiones realizadas con la sexualidad, y en un 15,6% por dificultades de relación; el

mismo porcentaje que por violencia contra un menor.

En el caso de que los menores presenten problemas o se encuentran en situación de riesgo, el equipo de

psicólogos, abogados y trabajadores sociales que está detrás de esta línea les ofrecen de forma

inmediata una ayuda psicológica, social y jurídica. Es lo que se conoce como llamadas de orientación

especial -ORES-. En los primeros nueve meses del año, un total de 505 llamadas han precisado

orientación especializada. Un 55% de esas llamadas requería atención psicológica, un 23% atención

psicológica-social y un 7% atención psicológica-jurídica. En el 13,7% de los casos fue necesaria la

intervención coordinada de psicólogos, trabajadores sociales y abogados. Tras esta orientación, 420

llamadas fueron derivadas para su seguimiento, sobre todo, a colegios, centros de salud o Centros de

Acción Social.

OTROS TELÉFONOS DE AYUDA

Junto este número, destinado especialmente para la infancia, existen otros dos números armonizados

de interés social que también son gestionados por la Fundación ANAR. Son el 116123 'Línea de Apoyo

Emocional', destinado a adultos que necesitan apoyo emocional o sufren soledad, y el número 116000

'Línea directa para niños desaparecidos', reservado para ofrecer un servicio en caso de la desaparición

de niños, y trasladar la denuncia a la Policía.

Denuncian que el censo no refleja a las familias de homosexuales y lesbianas

.Piden que el INE cambie las preguntas para incluir a familias homoparentales
.La Federación de Gays y Lesbianas quiere reunirse con el presidente del INE
.Los casilleros de respuesta no tienen la opción de dos madres o dos padres
.El censo de 2011 es el primero tras el derecho al matrimonio homosexual
Efe | Madrid
Actualizado martes 24/01/2012 12:17

La Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) ha denunciado hoy que el Instituto Nacional de Estadística (INE) "invisibiliza" la existencia de familias homoparentales, y ha pedido que se busque una solución para que la diversidad se vea reflejada.

El Censo de Población y Viviendas 2011, cuyos datos se recabaron el pasado mes de septiembre, incluía un apartado en el que detallar los familiares que comparten una misma vivienda.

Los casilleros de respuesta ofrecían como posibilidades el padre, la madre, el cónyuge o pareja y otros, por lo que resultaba imposible indicar que un encuestado tuviera dos padres o dos madres.

Por medio de un comunicado, la FELGTB ha subrayado que, por tratarse del primer censo que se realiza tras el reconocimiento del derecho al matrimonio homosexual, "supone una oportunidad importantísima para conocer mejor la radiografía familiar del Estado".

"Lo que es una realidad reconocida al fin por las instituciones y aceptada por la mayoría de la sociedad no puede ser invisibilizada por lo que suponemos un descuido, pero imperdonable", ha dicho el presidente de la federación, Antonio Poveda.

Para buscar una solución que permita conocer cuántas familias homoparentales hay en España, la federación ha solicitado una reunión urgente con el nuevo presidente del INE, Gregorio Izquierdo.

"No nos resignaremos a tener que esperar 10 años más para que nuestras familias formen parte del censo, el INE tiene que hacerse cargo de su error y buscar una solución satisfactoria", ha subrayado la vocal de diversidad y familias de la FELGTB, Luisa Notario, según el comunicado.

Noticia relacionada con los menores

MENORES AL AÑO PODRÁN REDIMIR SUS PEQUEÑOS DELITOS EN CENTROS MUNICIPALES

En la jurisdicción de Menores, los asuntos se llaman expedientes y las penas medidas. Es el
fiscal, y no el juez, quien instruye e investiga los hechos y se puede llegar a un acuerdo entre el
ofensor y la víctima que evita el juicio, siempre que aquel asuma los hechos, pida perdón y el
perjudicado acepte el pacto. Esta fase de reparación del daño entraña una clara intención
educativa, mejor entendida y más provechosa cuanto más cercana a la infracción se
produzca.
Y es en esta última etapa del proceso en la que entra el Ayuntamiento de Burgos, a través del
convenio firmado ayer por el alcalde, Javier Lacalle, con la Fiscalía de Menores. Gracias a él,
entre 50 y 60 jóvenes al año podrán redimir faltas o pequeños delitos cometidos sin violencia o
intimidación grave, en centros y servicios municipales. En la actualidad ya se mantiene una
colaboración, pero lo que se pretende es agilizar el tiempo en que el adolescente tarda en
acceder al servicio, de los 6 meses actuales a uno o dos.
Fundamentalmente, se refieren a hurtos, pintadas u otro tipo de daños y robos con fuerza. Sus
protagonistas tendrán que ser no habituales de la Fiscalía y su destino estará en centros
cívicos, bibliotecas, el Espacio Joven y el Hangar, etc. «No se trata de duplicar los servicios de
los funcionarios y del personal laboral», aclaró Lacalle, sino de realizar acciones concretas o
tareas complementarias. El Ayuntamiento podrá el seguro y el material y equipamiento
necesarios, además de realizar un seguimiento directo de las tareas.
Según el fiscal de Menores José Fernández, un 30% del trabajo anual «cumple el perfil»
requerido para beneficiarse del convenio. El tiempo de prestación de los servicios depende de
la persona y de la falta o delito cometido. «Los hay que en solo 3 semanas o 1 mes han
cumplido y otros que necesitan una actuación más prolongada. Depende de los chicos»,
apostilló.
Tanto el alcalde como el fiscal jefe de Castilla y León, Manuel Martín-Granizo, alabaron el
trabajo del área de Servicios Sociales, con la concejala Ana Lopidana al frente; y de la plantilla
del Ministerio Público en Burgos, ayer representada por Purificación Sobrino; que han logrado
un convenio pionero en Castilla y León. Con un año de duración, aunque prorrogable, se
empezará a aplicar en cuanto se constituya la Comisión Técnica de Seguimiento.

Doce centros de enfermos mentales inician el cierre por quiebra ante los impagos

20.01.12 - 01:09  B. LL. | VALENCIA.

La situación es «crítica» y ya no pueden soportar la deuda de más de 13 millones de euros que acumulan. Una docena de centros que atienden a enfermos mentales y discapacitados han solicitado un proceso de cierre debido a la quiebra técnica provocada por los impagos del Consell.

Ayer, la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat (Aerte) presentó una petición oficial para que la Administración le informe de los protocolos que se deben seguir en caso de cierre de estos centros.

La gerente de la patronal, María José Mira, presentó la solicitud tras varias comunicaciones directas y reuniones con los representantes de la Conselleria «ante el estancamiento de la situación y la ausencia de un calendario de pagos y el abono de la deuda mantenida por con el sector». En total, Aerte estima que una docena de centros que atienden a 1.300 personas en situación de dependencia ya no pueden mantenerse en activo. Arrastran partidas sin abonar desde 2007.

Esta situación, además de la pérdida de unos recursos «esenciales» para garantizar el bienestar de colectivos desfavorecidos, afectaría también a cerca de 700 trabajadores directos y unos 400 indirectos en la Comunitat Valenciana, según las estimaciones de la patronal.

Las mismas fuentes recordaron que en la geografía valenciana existen 19 centros socio-sanitarios de atención a personas en situación de dependencia vinculados a la red de la patronal en los que se atiende a discapacitados y enfermos mentales. De ellos, 13 están directamente afectados por la deuda del Consell, (ocho de ellos en la provincia de Valencia , cuatro en la de Alicante, y uno en la de Castellón).

La gerente de Aerte destacó que el principal problema sin resolver, y de ahí la solicitud del protocolo de cierre a la Conselleria, «son los alrededor de 800 enfermos mentales y discapacitados tutelados por la Generalitat».

La deuda contraído por la Administración con estos centros asciende a 13 millones. Pero los impagos de la Generalitat «se han extendido a otros colectivos vinculados al sector socio-sanitario», por lo que afecta ya a 25.000 familias, 13.000 profesionales directos, 6.000 empleados indirectos y 188 empresas

Aparece muerto en un cajero de San Agustín otro indigente de 50 años

Enrique Faulín Díez nació en Palencia, aunque llevaba muchos años en Burgos y tenía su salud muy deteriorada por la calle y el alcohol

La calle se ha cobrado su segunda víctima en una semana. Enrique Faulín Díez, de 50 años, fue encontrado ayer sin vida en el interior de un cajero automático de la calle Madrid, justo enfrente de la plaza de San Agustín, en el que solía pernoctar de vez en cuando. La indigencia, el frío y el grave deterioro de su salud física como consecuencia también de un cuadro de adicción al alcohol fueron un cóctel letal para la víctima. Un caso muy similar al de Adelardo Carazo Andrés, nacido en Santo Domingo de Silos hace 47 años, que pereció durante la madrugada del martes pasado mientras dormía en un banco del Espoloncillo.
El Servicio de Emergencias 112 Castilla y León recibió el aviso a las 8 y 10 minutos de la mañana ayer, antes de que la oficina del BBVA abriese al público. Aunque Sacyl movilizó a una UVI móvil, su equipo médico solo pudo confirmar el fallecimiento de este hombre, que recaló en Burgos hace muchos años procedente de su Palencia natal. Funeraria San José  levantó poco antes de las 10 de la mañana el cadáver, que fue conducido al Instituto de Medicina Legal para la autopsia.
Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía precintaron el acceso al cajero, al hallar restos de sangre y orín en el suelo. La víctima presentaba un golpe en la cabeza, aunque todo apunta a que se lo produjo en una caída bien accidental o bien como consecuencia de algún problema físico. La autopsia descartó otro tipo de lesiones. En este caso, la Brigada de Policía Judicial Comisaría contó con la ayuda extra de las grabaciones de seguridad de la entidad bancaria, lo que facilitó el esclarecimiento del suceso. Su familia se hizo cargo de los trámites del entierro, que se celebra hoy en Burgos.
Al igual que Adelardo Carazo, Enrique había sido atendido durante los últimos años por los diversos servicios sociales de la ciudad, así como por la Casa de Acogida San Vicente de Paúl y por Cáritas, donde acudió en numerosas ocasiones y donde le acompañaron en muchas otras, especialmente en los periodos de hospitalización. Según las fuentes consultadas por este periódico, estuvo a punto de superar su situación de ‘sinhogar’ pero recayó.
Desde Cáritas Burgos piden a la sociedad una reflexión conjunta  «para que estas personas no acaben en la calle y mueran en soledad y abandono» y que la colaboración ciudadana se canalice «a través de los recursos ya existentes», puesto que «la ayuda puntual que a veces se les dispensa con la mejor intención supone, la mayoría de las veces, una prolongación y permanencia de las situaciones que le llevan a la exclusión», afirma la organización en su web. «Que en 2012 aumente el compromiso de las instituciones y el nuestro en el ejercicio de la caridad con los más necesitados», termina el comunicado.