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Burgos y la Fiscalía firman un convenio pionero para la penas de menores

Un convenio pionero en Castilla y León, firmado entre la Fiscalía de Burgos y el Ayuntamiento de la ciudad, permitirá que los menores condenados por faltas o delitos menos graves puedan cumplir su condena realizando algún trabajo en servicios municipales.
Tras la firma, el fiscal superior de Castilla y León, Manuel Martín Granizo, ha explicado que, aunque hay colaboraciones con varias instituciones de la comunidad para prestar estos servicios, el convenio es pionero y permitirá agilizar estos cumplimientos.
Uno de los fiscales de menores de Burgos, José Fernández Mérida, ha explicado que hasta ahora se tardaba hasta medio año desde que el menor era condenado hasta que iniciaba la prestación, mientras que a partir de la firma de este acuerdo el plazo se reducirá a prácticamente un mes después de la sentencia.
Una comisión de seguimiento, formada por miembros de la Fiscalía y del Ayuntamiento, se encargará de asignar las prestaciones en cada caso y de realizar el seguimiento oportuno para asegurar su cumplimiento.
El alcalde, Javier Lacalle, ha insistido en que estos menores realizarán siempre tareas complementarias en los servicios de Cultura, Juventud y Acción Social y no sustituirán a ningún trabajador municipal porque se limitarán a realizar tareas complementarias.
La fiscal jefe en funciones de Burgos, Purificación Sobrino, ha explicado que este tipo de pena sustitutiva de otras condenas se reserva a menores que hayan cometido faltas o delitos menos graves y que no tengan antecedentes ni hayan cometido acciones violentas contra personas.
El fiscal de menores ha aclarado que habrá unos 50 menores que podrán acogerse al convenio y prestar servicios sustitutivos para el Ayuntamiento y ha recordado que este tipo de penas sustitutivas se ha aplicado en los últimos años sobre todo en casos de hurto, robos sin violencia para las personas y pintadas en bienes privados o públicos.
El Fiscal Superior de la comunidad ha comparado el procedimiento que se sigue en el caso de menores con el que se pretende, a partir de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para todos los procedimientos penales.
Ha explicado que igual que se pretende con la reforma procesal, en los casos de menores es el fiscal el que instruye y el que puede decidir el archivo de un caso por falta de pruebas suficientes o por un acuerdo por un sistema similar a la mediación penal.