jueves, 14 de junio de 2012

Bienestar Social echa a la calle a una docena de organizaciones de mujeres


La dirección general de Familia y Mujer ha dado orden a 12 organizaciones de mujeres de desalojar las instalaciones en las que desarrollan distintos programas de voluntariado, como la atención a las víctimas de agresión sexual, a las mujeres masectomizadas o separadas y divorciadas.
La directora general de Familia y Mujer, Celia Ortega, ha comunicado por carta a esta docena de asociaciones que rescinde el contrato de alquiler del inmueble en el que desarrollaban su actividad, en una céntrica calle de Valencia, por lo que tendrán que "abandonar las instalaciones junto con sus pertenencias" antes del próximo día 25.
Celia Ortega asegura en su carta que la rescisión del contrato de alquiler de los despachos que ocupan se produce "por causas ajenas a esta dirección general".
Las organizaciones de mujeres que ocupan este inmueble contratado por la Generalitat dispusieron de espacio en la sede de la dirección general de la Mujer desde mediados de los años ochenta y hasta el año 2004, fecha en la que el Consell decidió reubicarlas en un piso alquilado en la calle de Martínez Cubells en Valencia. Un inmueble que sufraga la dirección general de Familia y Mujer para el que cuenta con un presupuesto de 28.000 euros anuales.
Entre las entidades afectadas por el desalojo figura la Asociación por la Coeducación, la Federación de Mujeres Progresistas, la Asociación Profesional de Agentes de Igualdad de Oportunidades, la Asociación de Amas de Casa Aitana, Mujeres Periodistas del Mediterráneo, Associació de la Dona Major, el Centre de Assistència a Víctimes de Agresió Sexula, Associació de Comares, Acció Positiva, Asociación de Mujeres Masectomizadas, Protección e Integración de la Mujer y Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas.
Estas entidades ya habían visto en los últimos años como disminuían las subvenciones de la Generalitat para la realización de sus programas, que se sostienen básicamente gracias al voluntariado. La orden de desalojo, con apenas dos semanas de margen para buscar una solución, supone un mazazo a la actividad de estas entidades de mujeres que pone en riesgo su actividad.
Las responsables de estas organizaciones critican las formas utilizadas por la directora general de Familia y Mujer, que no ha dado ninguna explicación, y solicitarán con urgencia una entrevista con el consejero de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré. El último plan de Igualdad, presentado el pasado otoño por el propio presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, tiene entre sus finalidades potenciar el tejido asociativo de mujeres

La política familiar de Rajoy y la de Zapatero, dos caras de la misma moneda







Acción Familiar denuncia que “el silencio y la falta de mención” a la institución familiar en los Presupuestos para 2012 del Gobierno de Rajoy hace pensar que “es invisible y tiene escaso interés político”. Proponen diez medidas para elaborar un Plan de Apoyo a la Familia

ACCIÓN FAMILIAR
ForumLibertas.com
El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha manifestado en varias ocasiones su interés por la familia y, a diferencia de lo que sucedió en la anterior legislatura socialista, su deseo de desarrollar políticas en defensa de la institución familiar.

Sin embargo, salvo algunos gestos a todas luces insuficientes, lo cierto es que la política familiar del Gobierno de Rajoy parece seguir los pasos de la que anteriormente puso en práctica su antecesor, José Luis Rodríguez Zapatero.

Así lo considera Acción Familiar, que denuncia en un documento “el silencio y la falta de mención” a la familia en los Presupuestos Generales del Estado para 2012 del Ejecutivo del PP, lo que hace pensar que esta institución, fundamento de la sociedad del bienestar, “es invisible y tiene escaso interés político”.

Ante la falta de sensibilización hacia la familia que demuestran los populares en los Presupuestos, Acción Familiar propone diez medidas para comenzar a elaborar un Plan de Apoyo a la Familia.

Política familiar sin cambios

A la vista de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, se puede observar que su contenido no supone un cambio sustancial en la política familiar si se compara con años anteriores. No reconocen las necesidades a las que responden las familias y no valoran su papel en el ámbito económico.

Por ello, con motivo del debate de los Presupuestos, Acción Familiar ha elaborado un documento titulado ‘Análisis de las políticas sociales en los Presupuestos Generales del Estado para 2012 desde una perspectiva de familia’, en cuyas conclusiones no se cuestiona la necesidad de buscar el equilibrio presupuestario pero sí se llama la atención sobre la falta de reconocimiento de la familia.

El documento denuncia que los Presupuestos evitan el uso de la palabra “familia”, e incluso las palabras “padre y madre” que son sustituidas por expresiones como “parentalidad positiva”. En lugar de recurrir a la terminología de Naciones Unidas, que se refiere a “violencia contra las mujeres” o “violencia intrafamiliar", se sigue hablando de “violencia de género”, fórmula que responde a un posicionamiento ideológico muy concreto. 

En el documento se proponen algunas medidas inmediatas, que se refieren más a cuestiones formales, pero que podrán entenderse como gestos del interés que el ejecutivo dice tener por la familia y que muchos electores esperaban en esta nueva legislatura.

Se propone la creación de una nueva Política presupuestaria que se podría denominar ‘Política de Apoyo a la Familia’. Sin implicar más gasto, bajo esta rúbrica presupuestaria se agruparían todos los programas presupuestarios relacionados con la familia. Podrían ser al menos tres de los programas actualmente existentes: ‘Pensiones contributivas de la Seguridad Social de apoyo a la familia’; ‘Prestaciones no contributivas y de carácter asistencial’ y un ‘Plan de Apoyo a la Familia’ cuya elaboración figura en los Presupuestos, pero sin dotación presupuestaria alguna y sin cronograma en su aplicación, como ya figuró en los presupuestos de años anteriores.

El documento de Acción Familiar reclama la necesidad de convertir a la familia en el centro de las decisiones públicas, lo que obliga a realizar una valoración de todas las políticas públicas desde una perspectiva de familia.


Las diez medidas que propone Acción Familiar para comenzar a elaborar un Plan de Apoyo a la Familia

En el documento "Análisis de las políticas sociales en los Presupuestos Generales del Estado para 2012 desde una perspectiva de Familia" se incluyen diez medidas que podrían considerarse como los primeros pasos a dar para la elaboración de un Plan de Apoyo a la Familia. Son las siguientes:

1.  Identificar y explicitar  los beneficios que la familia genera para la sociedad.

2.  Elaborar indicadores de los comportamientos económicos, monetarios y sociales de la familia para atender de forma correcta sus necesidades.

3.  Respetar el principio de subsidiariedad. El apoyo del Estado no debe implicar la estatalización de las relaciones interfamiliares.

4.  Desarrollar mecanismos de evaluación de las políticas familiares. 

5.  Identificar, con estudios adecuados, las verdaderas desigualdades entre hombres y mujeres con especial atención a la maternidad.

6.  Revisión de las actividades realizadas por el Consejo Estatal de Familia y Política Social. Reactivación de este organismo.

7.  Puesta en marcha de actuaciones de coordinación entre todos los niveles de las administraciones públicas.

8.  Creación de un Punto de Encuentro Empresa-Familia.

9.  Acompañar cualquier actuación con un Informe de Igualdad con perspectiva de familia.

10.  Revisar, en el marco del Pacto de Toledo, todas las prestaciones del sistema de Seguridad Social desde una perspectiva de familia.


Así queda el copago de los medicamentos

El Ministerio de Sanidad ha publicado el martes 24 de abril el Real Decreto-ley 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, que detalla qué porcentaje de las medicinas tendrán que pagar los usuarios a partir de ahora en función de su renta.
Las principales novedades: los jubilados pagarán por los fármacos (entre 8 y 18 euros como máximo por mes) y los parados sin prestación no pagarán (ahora abonaban el 40%).



Pago de medicamentos

A partir de ahora Hasta ahora
Trabajadores con una renta inferior a 18.000 euros al año* 40% 40%
Trabajadores con una renta de entre 18.000 y 100.000 euros al año 50% 40%
Trabajadores con una renta superior a 100.000 euros 60% 40%
Jubilados con una pensión contributiva inferior a 18.000 euros al año 10% con un máximo de 8 euros al mes 0%
Jubilados con una pensión contributiva de entre 18.000 y 100.000 euros al año 10% con un máximo de 18 euros al mes 0%
Jubilados con una pensión contributiva de más de 100.000 euros al año 60% con un límite de 60 euros al més 0%
Pensiones no contributivas** 0% 0%
Parados que no cobren subsidio de desempleo 0% 40%
Mutualistas y clases pasivas (funcionarios del Estado, Fuerzas Armadas...) 30% 30%


Fuente: Real Decreto-ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones y Ministerio de Sanidad.
* Para calcular la renta del usuario (sea trabajador o jubilado) se tendrá en cuenta la cantidad consignada en la casilla de base liquidable general y de ahorro de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas (IRPF). Los porcentajes de copago son para los trabajadores y jubilados y los beneficiarios que estén con ellos en sus tarjetas sanitarias.
**Estarán también exentos de la aportación las personas que cobren rentas de integración social, los afectados por el síndrome tóxico, las personas con discapacidad "en los supuestos contemplados en su normativa específica" y "los tratamientos derivados de accidentes de trabajo y enfermedad profesional".
Nota: El Real Decreto-ley aclara finalmente que el límite para pagar más o menos por los medicamentos se establece en 18.000 euros de base liquidable general y de ahorro en el IRPF. Fue la primera cantidad que dio la ministra de Sanidad, Ana Mato, tras el consejo interterritorial de salud del 18 de abril en su comparecencia ante los medios. La nota de prensa de ese mismo día no hablaba de ninguna cantidad en concreto pero hablaba de la obligación o no de declarar IRPF. Ese límite está en los 22.000 euros, por lo que toda la prensa informamos de que este sería el límite. Tras el Consejo de Ministros, Mato volvió a hablar de 18.000 euros.

domingo, 10 de junio de 2012

No lo llamen rescate, llámenlo... "préstamo"


El Gobierno evita a toda costa emplear el término para sustituirlo por eufemismos, como ya hizo con la subida de impuestos o la amnistía fiscal

No fue una amnistía fiscal, ni un abaratamiento del despido, ni una subida del IVA y por supuesto tampoco es un rescate. El Gobierno no quiere ni oír hablar de ese término y por eso, mientras el resto de la prensa internacional y nacional no duda en utilizarlo, el Ejecutivo emprende una carrera a contrareloj para preparar la artillería eufemística.
Minutos después de que los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro terminaran su reunión de urgencia para estudiar las ayudas a la banca española, el ministro De Guindos ha comparecido en rueda de prensa. Esquivar el uso de la palabra "rescate" ha sido el objetivo. Hacerlo sería comparar la situación de España a la de otros países previamente intervenidos como Grecia, Irlanda y Portugal, lo cual queda lejos de la imagen que el Gobierno quiere proyectar.
Será un "préstamo" a los bancos, afirmó el ministro, que se hará a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). "Lo que se esta haciendo es pedir un préstamo para tener unas entidades solventes que estén en disposición de dar crédito a las pequeñas y medianas empresas y a las familias españolas", ha insistido el ministro, que incluso ha calificado la noticia de "positiva".
El Gobierno gana tiempo y juega así con el arte del disfraz para tratar de salir al paso de lo tantas veces negado y mucho más temido. Sabe hacerlo. Desde que Rajoy llegara al poder a finales del año pasado el Ejecutivo se ha convertido en un experto para no hacer parecer lo que en realidad es.
De Guindos habla de un "préstamo para dar crédito a PYMES"
Pasó con la amnistía fical, que no era tal, sino una "regularización de rentas y activos", según manifestó el Gobierno. También con la subida del IRPF, un "recargo temporal de solidaridad" y el abaratamiento del despido, cuyo término correcto era una "flexibilización de las condiciones de trabajo".
Y cuando los eufemismos se acaban, siempre hay lugar para los tecnicismos. Para anunciar una subida del IVA y otros impuestos a partir de 2013, De Guindos se refirió a una "modificación de la estructura de la imposición sobre el trabajo y un aumento sobre la imposición al consumo". Al ser cuestionado por su lenguaje, lo justificó diciendo que hablaba siempre en "términos hacendísticos".
El Gobierno llamó a la subida del IRPF un "recargo de solidaridad"
Si bien es cierto que el rescate a España presenta unas características especiales con ayudas que en principio sólo afectan al sistema financiero y no al Estado, nada en él hace que pueda escapar de la palabra maldita. No supone una intervención sobre la política económica del país y, en principio, no exigirá al Gobierno ningún plan de austeridad adicional a los que ya se aplican, pero el país sufrirá una fuerte vigilancia por parte del FMI y en última instancia, si los bancos no son capaces de sanear sus cuentas, será el Estado quien deba responder.

LUCÍA VILLA Madrid 09/06/2012 18:50 Actualizado: 10/06/2012 10:02

domingo, 3 de junio de 2012

No es la crisis, es la política


La Plataforma por el Estado de Bienestar protesta por los ajustes en el Estado del bienestar y llama a la movilización

 



Los recortes en servicios públicos como la sanidad, la educación o la atención social, pero también los “retrocesos de décadas” en participación ciudadana, los problemas de empleo, la situación de los jóvenes, de las mujeres, del mundo rural han movilizado a los representantes de más de 55 organizaciones que han llamado a una protesta masiva que se concretará el día 20 con manifestaciones en toda España. Los dos grandes sindicatos de clase, UGT y CC OO, arroparon esta tarde a varios representantes de estas asociaciones para que pudieran exponer la situación de cada sector. Las familias, en cuyo nombre ha hablado José Luis Pazos, de la Confederación laica de padres de alumnos Ceapa, se quejaron del “desmantelamiento de la escuela pública, que para 2015 habrá perdido un punto en su peso en el PIB con la pérdida de 11.000 millones. Será la escuela de unos pocos, de los de siempre”, ha dicho. La situación de la enseñanza pública preocupa también a los jóvenes, como ha puesto de manifiesto el representante del Consejo de la Juventud, Ricardo Ibarra: “Con un 55% de paro juvenil y sin apostar por políticas activas de empleo iremos a más precariedad y lo peor es que en el futuro no podrá hablarse de la generación más preparada, porque la educación no será igual para todos”, ha dicho. “Si alguien necesita el Estado de bienestar son los jóvenes, su futuro no puede ser la emigración”.

"Sin apostar por políticas activas de empleo iremos a más precariedad"
Los servicios sociales públicos, consagrados en la Constitución, han tenido su propia voz en este encuentro, acostumbrados como están a quedar subsumidos bajo denominaciones más amplias en las que la educación y la sanidad ocupan un lugar predominante. Luis Barriga, representante del colectivo profesional público avisó del “avance de la exclusión social, que puede arrastrar graves problemas de convivencia. En 2009 los trabajadores sociales atendieron a ocho millones de personas, pero desconocemos los datos de los siguientes años, que no se han hecho públicos, pero la cifra no hace más que crecer”, ha dicho. Y los recortes. Barriga mencionó los casi 300 millones que se han restado en los Presupuestos Generales del Estado para la Ley de Dependencia y “también el Plan Concertado, con el que se atiende a esos ocho millones de personas ha sufrido un tijeretazo. La protección social ofrece retornos económicos, igual que los demás sistemas, suficientes para hacerlos sostenibles. No se puede dejar morir de inanición [la Ley de Dependencia] y luego decir que es insostenible. El problema es que se atiende a otros rescates y hay miles de familias esperando a ser rescatadas”, ha dicho.

"La exclusión social puede traer graves problemas de convivencia"
Mariano Sánchez-Bayle, portavoz de la federación para la defensa de la sanidad pública, ha dejado sus quejas sobre los decretos sanitarios “que dejan fuera de la cobertura a varios colectivos y que excluirá parte de las prestaciones del sistema”. Mencionó los copagos para medicamentos, prótesis, dietas, jubilados, “con topes que son mentira”. “No menos de seis millones de personas dejarán de recibir la atención que precisan y todo para asegurar unos cuantos beneficios empresariales. En unos años veremos un retroceso en los indicadores básicos de salud, como la esperanza de vida”, ha aventurado.
Por la Confederación Estatal de Asociaciones de Vecino, ha tomado la palabra José Vicente Vallín, su presidente, para advertir del “retroceso de décadas” que está sufriendo la participación ciudadana, en un momento en el que la gente no solo lo está pasando mal, sino que percibe que lo pasará peor. Los recortes también son la subida de servicios básicos, como el agua, la luz, el transporte o la cultura, que afectan a la calidad de vida”, ha advertido.
Por último, lo sindicatos, han recordado que las inversiones en el sistema público español siempre han estado por debajo de la media europea. “Están dando la espalada a la gente cuando más lo necesitan. No es verdad que el gasto social se excesivo y el derroche, si lo ha habido, desde luego no ha sido en los servicios públicos”, ha señalado la responsable de Política Social de CC OO, Rosana Costa. Y ha advertido que “todo ese gasto social público se trasladará a lo privado y tendremos que pagar para acceder a ello. Los recortes no son más que un cambio de modelo, el del mercantilismo”. Su homóloga en UGT, Carmen López, ha hecho un llamamiento a los ministros de Sanidad y Servicios Sociales –Ana Mato-, de Educación –José Ignacio Wert- y Trabajo –Fátima Báñez: “Que no nos engañen cada día, tenemos un sistema sanitario barato y eficaz, que gasta entre 1.400 y 1.500 euros por habitante. En Europa la media es 2.200 y en Alemania, con menor cobertura, es de 2.600. Nuestra enseñanza necesita reformas, pero también más inversión y las pensiones son perfectamente sostenibles”.