El Congreso de los Diputado convalida este miércoles los Real Decreto-ley que contemplan las medidas urgentes para la racionalización del gasto público en educación y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Con ambas medidas se pretende ahorrar un total de 10.000 millones.
El Congreso de los Diputados convalidará hoy el Real Decreto-ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud así como mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, con el que el Gobierno pretende ahorrar 7.000 millones de euros en la sanidad. Asimismo dará luz verde a la racionalización del gasto público en educación con las que las CCAA podrán ahorrar 3.000 millones de euros en conjunto, según calcula el Gobierno, para que no superen este año el 1,5 por ciento de déficit.
SANIDAD
La norma, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 20 de abril, pretende, según el Gobierno, garantizar la "universalidad" de la sanidad pública y, al mismo tiempo, poner fin a los "abusos" en sus prestaciones.
Oposición, sindicatos y organizaciones sociales se oponen a la reforma al considerar que se trata de un cambio del modelo sanitario y que pone en riesgo la salud de los colectivos más vulnerables, como ancianos e inmigrantes.
El decreto fija la nueva aportación del ciudadano -incluidos los pensionistas- en el pago de los fármacos.
Así, los usuarios empezarán a a partir del ppagar más por los medicamentos róximo 1 de julio y, además, tendrán que abonar parte de los productos ortoprotésicos y dietéticos, así como el transporte sanitario no urgente.
A los inmigrantes en situación irregular se les retirará la tarjeta sanitaria el 1 de septiembre y solo serán atendidos en urgencias, por enfermedad grave o accidente, y durante el embarazo, parto y postparto, aunque los menores de 18 años recibirán la misma asistencia médica que los españoles.
EDUCACIÓN
La norma que pretende racionalizar el gasto público en educación contará como mínimo con el respaldo de la mayoría absoluta del Grupo Popular, fue aprobada por el Consejo de Ministros el 20 de abril.
Afecta a todos los niveles educativos de forma temporal o permanente e implica la modificación parcial de las leyes orgánicas de Educación (LOE) y de Universidades (LOU), aunque "se ha salvaguardado el contenido esencial" del derecho a la educación regulado en el artículo 27 de la Constitución, según asegura el texto legislativo.
Entre otras medidas de la enseñanza no universitaria, el máximo de alumnos por aula de centros públicos y privados concertados podrá aumentar un 20 por ciento desde el curso próximo, siempre que la limitación de la tasa anual de reposición de funcionarios docentes sea inferior al 50 por ciento.
El profesorado de la educación pública y concertada en infantil y primaria tendrá un mínimo de 25 horas lectivas semanales, y de 20 en las otras enseñanzas.
En las universidades públicas, los alumnos pagarán en primera matrícula entre el 15 y el 25 por ciento, según decida cada comunidad, del coste real de los grados y de los másteres que habilitan para ejercer profesiones.
SANIDAD
La norma, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 20 de abril, pretende, según el Gobierno, garantizar la "universalidad" de la sanidad pública y, al mismo tiempo, poner fin a los "abusos" en sus prestaciones.
Oposición, sindicatos y organizaciones sociales se oponen a la reforma al considerar que se trata de un cambio del modelo sanitario y que pone en riesgo la salud de los colectivos más vulnerables, como ancianos e inmigrantes.
El decreto fija la nueva aportación del ciudadano -incluidos los pensionistas- en el pago de los fármacos.
Así, los usuarios empezarán a a partir del ppagar más por los medicamentos róximo 1 de julio y, además, tendrán que abonar parte de los productos ortoprotésicos y dietéticos, así como el transporte sanitario no urgente.
A los inmigrantes en situación irregular se les retirará la tarjeta sanitaria el 1 de septiembre y solo serán atendidos en urgencias, por enfermedad grave o accidente, y durante el embarazo, parto y postparto, aunque los menores de 18 años recibirán la misma asistencia médica que los españoles.
EDUCACIÓN
La norma que pretende racionalizar el gasto público en educación contará como mínimo con el respaldo de la mayoría absoluta del Grupo Popular, fue aprobada por el Consejo de Ministros el 20 de abril.
Afecta a todos los niveles educativos de forma temporal o permanente e implica la modificación parcial de las leyes orgánicas de Educación (LOE) y de Universidades (LOU), aunque "se ha salvaguardado el contenido esencial" del derecho a la educación regulado en el artículo 27 de la Constitución, según asegura el texto legislativo.
Entre otras medidas de la enseñanza no universitaria, el máximo de alumnos por aula de centros públicos y privados concertados podrá aumentar un 20 por ciento desde el curso próximo, siempre que la limitación de la tasa anual de reposición de funcionarios docentes sea inferior al 50 por ciento.
El profesorado de la educación pública y concertada en infantil y primaria tendrá un mínimo de 25 horas lectivas semanales, y de 20 en las otras enseñanzas.
En las universidades públicas, los alumnos pagarán en primera matrícula entre el 15 y el 25 por ciento, según decida cada comunidad, del coste real de los grados y de los másteres que habilitan para ejercer profesiones.
¿Que es eso de recortar en Educación y Sanidad? ¿Por que, no para empezar se recortan los sueldos de la clase política, sus comilonas, sus sueldos vitalicios y cenas o los coches oficiales? ¿Donde ha quedado aquello de "predicar con el ejemplo"? La sanidad y la educación son los ejes vitales de cualquier estado, son un DERECHO...Si siguen robándonos nuestros derechos...¿hasta dónde llegaremos? o mejor...¿Hasta donde dejaremos que lleguen?
ResponderEliminarMaría Gonzalo