20.01.12 - 01:09 B. LL. | VALENCIA.
La situación es «crítica» y ya no pueden soportar la deuda de más de 13 millones de euros que acumulan. Una docena de centros que atienden a enfermos mentales y discapacitados han solicitado un proceso de cierre debido a la quiebra técnica provocada por los impagos del Consell.
Ayer, la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat (Aerte) presentó una petición oficial para que la Administración le informe de los protocolos que se deben seguir en caso de cierre de estos centros.
La gerente de la patronal, María José Mira, presentó la solicitud tras varias comunicaciones directas y reuniones con los representantes de la Conselleria «ante el estancamiento de la situación y la ausencia de un calendario de pagos y el abono de la deuda mantenida por con el sector». En total, Aerte estima que una docena de centros que atienden a 1.300 personas en situación de dependencia ya no pueden mantenerse en activo. Arrastran partidas sin abonar desde 2007.
Esta situación, además de la pérdida de unos recursos «esenciales» para garantizar el bienestar de colectivos desfavorecidos, afectaría también a cerca de 700 trabajadores directos y unos 400 indirectos en la Comunitat Valenciana, según las estimaciones de la patronal.
Las mismas fuentes recordaron que en la geografía valenciana existen 19 centros socio-sanitarios de atención a personas en situación de dependencia vinculados a la red de la patronal en los que se atiende a discapacitados y enfermos mentales. De ellos, 13 están directamente afectados por la deuda del Consell, (ocho de ellos en la provincia de Valencia , cuatro en la de Alicante, y uno en la de Castellón).
La gerente de Aerte destacó que el principal problema sin resolver, y de ahí la solicitud del protocolo de cierre a la Conselleria, «son los alrededor de 800 enfermos mentales y discapacitados tutelados por la Generalitat».
La deuda contraído por la Administración con estos centros asciende a 13 millones. Pero los impagos de la Generalitat «se han extendido a otros colectivos vinculados al sector socio-sanitario», por lo que afecta ya a 25.000 familias, 13.000 profesionales directos, 6.000 empleados indirectos y 188 empresas
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